A principios de febrero los representantes legales de Acutel presentaban un Recurso en la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en contra de la Resolución de 30 de noviembre de 2021 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia(CNMC) que recogía los procedimientos a seguir, a partir de ahora, para la regularización de las ocupaciones irregulares de las infraestructuras pasivas de Telefónica y que introduce modificaciones en la oferta de referencia MARCo y su contrato tipo. Con esta resolución se ponía fin al expediente “IRM/DTSA/002/20 OCUPACIONES IRREGULARES”.

Con esta resolución del pasado noviembre se agotaba la vía administrativa y contra ella solo quedaba la interposición de un Recurso Contencioso-Administrativo. Ese es el camino que decidía tomar la Junta Directiva de Acutel en su reunión del pasado 26 de enero al entender que esta Resolución es contraria a Derecho y lesiva hacia los derechos e intereses de los operadores locales de telecomunicaciones que forman nuestra asociación.

En su día, cuando presentamos alegaciones en el trámite de audiencia abierto por la CNMC ya expusimos los argumentos que nos hacen estar en contra del nuevo proceso de regularización de ocupaciones denominadas irregulares.

La asociación alegaba el pasado mes de mayo que existen distorsiones procedimentales en la propuesta presentada por la CNMC para la regularización de ocupaciones irregulares de las infraestructuras pasivas de Telefónica y la modificación del contrato- tipo de la oferta MARCo, entre otros puntos, porque   se mezclan dos ámbitos separados en la práctica de la CNMC: la modificación de una oferta regulada (MARCo) y las relaciones entre operadores ajenas a dicha oferta. Y en estas últimas no puede existir, entiende Acutel, un tratamiento especial para Telefónica.

Acutel propuso en sus alegaciones, no atendidas, que en los casos ajenos al ámbito de la oferta regulada se articularan procedimientos aplicables a todos los operadores que consideren que se ha ocupado de manera irregular sus infraestructuras.

La asociación afirma que, de otro modo, se está otorgando a Telefónica una posición privilegiada puesto que puede desinstalar redes ajenas, sin previa decisión motivada de la CNMC y sin acreditar la titularidad de las infraestructuras que afirma como suyas. En la cara contraria, los demás operadores cuando pretendan proteger sus infraestructuras deberán plantear conflictos ante la CNMC.

Acutel cuestiona que a Telefónica le baste con su denuncia, sin que se le exija ningún tipo de acreditación acerca de su titularidad o derecho de uso sobre la infraestructura supuestamente “ocupada”.

Igualmente rechaza que se le permita desinstalar redes y otros elementos de terceros. Acutel solicitaba una ampliación de los plazos de los procesos a una duración razonable y que se desglosaran del expediente las cuestiones ajenas, de manera que todo lo referente a operadores no firmantes de MARCo se instruyera como procedimiento separado.

Estos son algunos de los argumentos esgrimidos por Acutel y que se defenderán mediante el recurso contencioso administrativo interpuesto este martes 1 de febrero de 2022. Nuestra asociación confía en que este recurso sea tenido en cuenta y se pueda impedir la puesta en marcha del nuevo procedimiento que, a nuestro juicio, lesiona gravemente los derechos de todo nuestro colectivo.